Señalan los daños irreparables que generan las huelgas en el proceso enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes.
- Se viola la garantía constitucional del derecho a la educación de todos los niños panameños.
- Se hace imperativo que se consideren las circunstancias especiales que rigen al sector particular.
El proceso educativo debe ser continuo y por ningún motivo, salvo por motivos de fuerza mayor, debe ser suspendido tanto en el sector oficial como en el particular. Los efectos negativos que producen las interrupciones en la calidad educativa, se han hecho evidentes en el tiempo, ocasionando un decrecimiento en la calidad de la educación debido, en parte, a las distintas huelgas e interrupciones en el proceso enseñanza-aprendizaje, señaló hoy la Unión de Centros Educativos Particulares a través de su Presidente, Gastón Faraudo.
Refiriéndose a la posición de un grupo de educadores del sector público, Faraudo hizo un llamado a la reflexión ante la coyuntura de un anuncio de huelga y los incrementos salariales en el sector oficial, señalando que, cualquier reivindicación de índole laboral, no tiene por qué afectar al eslabón más indefenso del sistema: los estudiantes.
Se refirió a las limitaciones que tienen los colegios particulares de hacer ajustes a fin de afrontar cualquier incremento no considerado previamente, pues según lo normado en el Decreto Ejecutivo 601, no es factible realizar ningún ajuste en los costos de matrícula y anuncio de anualidades luego de haber sido establecidos en el proceso de coordinación correspondiente, seis meses antes del inicio de matrícula para el año escolar siguiente, lo que ya ocurrió para el año escolar 2017.
Por consiguiente los colegios particulares no están en la capacidad de asumir ningún incremento para el año escolar 2017, pues no fueron considerados en el proceso de coordinación de costos.
Se hace imperativo que se tomen en cuenta las circunstancias especiales que rigen al sector particular a fin de no afectar este importante subsistema educativo que complementa la cobertura escolar y brinda alternativas de oferta educativa reconocida por sus aportes a la educación nacional.
Concretamente, el Presidente de los Centros Educativos Particulares señaló que la “falta de equidad en el financiamiento de la educación particular, coloca en una posición desventajosa a la escuela laica, que no es beneficiaria de ningún tipo de incentivos fiscales, en comparación con sus pares religiosos y/o ONGs. En reiteradas ocasiones han surgido propuestas presentadas por entidades muy serias como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en este aspecto, sin resultados positivos. “Se hace evidente que en caso de tomar este tipo de medidas deben realizarse los ajustes necesarios para equiparar el régimen legal de los centros educativos particulares (laicos, religiosos y ONGs), lo que fue reconocido y plasmado en su momento en el documento “Recomendaciones de la Comisión nombrada por Su ExcelenciaMiguel Ángel Cañizales, a fin de analizar la situación de los centros educativos particulares y recomendar alternativas que garanticen su funcionamiento”, en 2006.
También enfatiza Faraudo sobre la afectación al derecho tanto de crear como de mantener centros educativos particulares, indicando que la coyuntura pone en peligro la posibilidad de parte de los privados, de ejercer su derecho constitucional de fundar centros educativos particulares conforme a la ley, y afecta la sostenibilidad de los centros educativos privados existentes que atienden a la clase media e, incluso, señaló que algunosante la imposibilidad de cumplir con ajustes de esta magnitud, deberán cerrar sus puertas.Se debe tener claro que cualquier decisión que se tome al respecto, afectaría el derecho constitucional a la libertad de enseñanza y el derecho a los padres de familia que optan por la educación particular, pues en muchas ocasiones son personas con recursos limitados quienes, con gran sacrificio, cubren los costos de colegiatura de sus acudidos, impidiendo el acceso a la mayoría de los panameños que tienen el derecho a otras alternativas educativas, debido a las expectativas salariales que se crean en el sector.
Un incremento de tal magnitud en el sector oficial debe estar condicionado al compromiso de parte de los educadores de ser evaluados individual y colectivamente, a título personal e institucional, con rendición de cuentas, en el entendido que se hará un sacrificio fiscal, cuyo objetivo es lograr resultados positivos en el sistema educativo nacional, como en principio fue concebido. Convertir el debate en una negociación salarial sin rendición de cuentas no garantiza que el incremento incidirá en la calidad de la educación nacional.
UNCEP recomienda que se cumpla con el principio de seguridad y certeza jurídica, tomando en cuenta las restricciones que por ley tienen los centros educativos particulares.
Concluyó Gastón Faraudo al señalar que un esfuerzo de ajuste salarial debe tener como contravalor un compromiso del centro educativo y del docente en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes, y advirtió que debe evaluarse el impacto de este incremento en el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social, especialmente, en el caso de los docentes próximos a jubilarse, porque cambia las proyecciones de los estudios actuariales, teniendo en cuenta que el MEDUCA es el mayor empleador de la República de Panamá y que es un hecho conocido que este programa, que es de todos los panameños, está en crisis.