La junta directiva del Colegio Nacional de Farmacéuticos (CONALFARM) expresó su posición oficial sobre el contenido del proyecto de Ley No. 1007 que regula los medicamentos, insumos, dispositivos y otros productos para la salud humana, destacando que no se debe permitir que los intereses económicos y políticos primen sobre la salud pública.
En nota enviada al diputado Abel Beker Abrego, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, señalan que la derogación de la Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, que regula el tema de los medicamentos y otros productos para la salud humana, es totalmente incoherente, paradójico y carente de buen argumento.
Jaime Olive, presidente de la junta directiva de este gremio, señala que CONALFARM, desde su creación en 1963, se establece como un organismo asesor de las entidades de salud en el tema de medicamentos y otros casos relacionados con la salud humana.
Motivo por el cual, una vez más, expresan su preocupación sobre el contenido del proyecto de Ley No. 1007 y hacen un análisis y jurídico de la situación de los medicamentos, tomando como base principal el anunció de la Organización Mundial del Comercio sobre el establecimiento de las relaciones de comercio mundial de todo tipo de servicios, incluyendo los medicamentos.
Quieren que Panamá cumpla con el compromiso internacional de las normas que regulan el ejercicio, la venta y movimientos de medicamentos en el mundo, indicó Olive, quien agregó que intentan evitar que se repita el caso de envenenamiento por dietilenglicol, el cual no fue investigado como es debido, la empresa responsable no fue condenada y le ha tocado al Estado resarcir los daños causados.
El gremio sustenta su posición sobre las sesiones que se van a registrar a través de una subcomisión durante los próximos 15 días en la Asamblea Nacional para analizar el proyecto 1007, presentado por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
Los farmacéuticos solicitan que se incluyan los artículos del 644 al 694 del actual decreto 13 de 1 de marzo de 2023, que reglamenta la Ley N° 1 porque con ello eliminarían los artículos propuestos dentro del anteproyecto 1007, que van del 193 al 197.
“En los artículos mencionados está toda la argumentación para que las empresas nacionales o trasnacionales que deseen participar de la adquisición de medicamentos en Panamá lo puedan hacer sin buscar un padrino para que le cambie la ficha técnica que sólo la puede definir el laboratorio que descubre la molécula”, puntualizó el farmacéutico panameño.